Todo empezó en 2008. Por aquel entonces, España crecía a un ritmo cercano al 3% anual. Según datos del Banco de España, ese año se construyeron más de 850.000 viviendas, estableciendo un récord histórico para nuestro país. Quienes osaban hablar de una posible ‘burbuja inmobiliaria’ eran tachados de agoreros y casi de antipatriotas. El Gobierno de Zapatero prefería hablar de desaceleración transitoria o debilitamiento pasajero de la economía. Fue el año del cheque bebé y de la devolución fiscal de 400 euros. Pero llegaron los nubarrones. En apenas cuatro años, España ha pasado de estar «en la Champions League de la economía mundial», en palabras del anterior presidente del Gobierno, a estar inmersa en una recesión sin freno que, según el FMI, «será peor de lo esperado».
Sin duda, la clase trabajadora es quien está pagando las consecuencias. Con más de cinco millones y medio de desempleados y con la patronal CEOE alertando de que en 2013 «se superarán los seis millones», la situación no puede ser peor. Además, quienes todavía mantienen un empleo han visto cómo sus condiciones han caído en picado, especialmente tras las dos reformas laborales que han rediseñado nuestro mercado laboral. «La de Zapatero originó la huelga general de septiembre de 2010», recuerda Toni Ferrer, secretario de Acción Sindical de UGT. En ella, destacaba el aumento de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años. Aun así, reconoce que después de esa movilización llegó «el acuerdo social y económico», marcado por el Plan Prepara o la ayuda de los 426 euros para quien agotara la prestación por desempleo. «Pero volvieron las turbulencias y el verano de 2011 se saldó con uno de los acuerdos más regresivos de la democracia: una reforma constitucional que anteponía el pago de la deuda a cualquier otro gasto», añade.
En noviembre, el Partido Popular ganó las elecciones y en febrero presentó una reforma laboral «extremadamente agresiva», tal y como reconoció el propio ministro de Economía, Luis de Guindos. Pero no todos están de acuerdo. «No podemos hablar de derechos laborales perdidos, es un lenguaje sindical que no comparto», explica José de la Cavada, director de Relaciones Laborales de la CEOE. «La reforma permite, por ejemplo, despedir a los trabajadores que faltan al trabajo sin justificación, ya que hasta ahora había muy poco control», afirma. Asimismo, apoya que esta reforma haya universalizado la indemnización por despido improcedente de 45 a 33 días. «En 1997 se aprobó ya el contrato de fomento a la contratación indefinida, que introdujo esa indemnización», aclara. Además, la reforma establece un máximo de 24 mensualidades en lugar de las 42 que había anteriormente.
Despido más barato
La reforma trajo más modificaciones en materia de despidos. La indemnización de 20 días por año trabajado para la rescisión de contrato por causa objetiva se mantuvo, pero esas causas se multiplicaron. Antes de la reforma, el despido objetivo se debía a ineptitud conocida del trabajador, a falta de adaptación, a absentismo laboral o a despido colectivo menor por una necesidad «objetivamente acreditada». Con la última reforma, esas causas se amplían a cuando la empresa tenga pérdidas o menos beneficios durante tres trimestres consecutivos e incluso cuando los prevea. Si un empresario decide cambiar la jornada, el horario, bajar el sueldo o trasladar al trabajador a otra ciudad, este tendrá que aceptar la situación. Si no lo hace, podrá ser despedido por causa objetiva. Otra de las novedades de la reforma es la que establece que este despido de 20 días ya no precisa de autorización de la Administración en caso de ERE. En todo caso, permanece el filtro del juez, que es quien finalmente decide.
Por otro lado, Toni Ferrer, de UGT, asegura que tras la reforma laboral «el convenio colectivo pierde todo su peso». Con el Real Decreto- Ley, cuando concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, la empresa podrá descolgarse del convenio. «Aun así, los sindicatos se han conjurado en su contra y no ha habido ningún descuelgue en estos meses», asevera José de la Cavada, de CEOE. «Si prefieren que una empresa cierre a que haya un descuelgue, allá ellos con su responsabilidad», añade. Por último, la reforma también acabó con la ultra actividad que, hasta febrero, era ilimitada. Hasta entonces, cuando un convenio expiraba, patronal y sindicatos se reunían para mejorar esos pactos en beneficio de los trabajadores. Durante el periodo de negociación, los trabajadores conservaban todos los derechos y obligaciones de forma ilimitada. Desde febrero, existe una vigencia de un año, y si en ese tiempo no se ha acordado la renovación del convenio, este desaparece. «En definitiva» –concluye De la Cavada–, «negarse a actualizar las condiciones de trabajo para que las empresas y el empleo sobrevivan, me parece una estupidez total».