Transcurrido más de un mes desde la declaración del estado de alarma, resulta complicado, por no decir “imposible”, abordar en un foro como este cuestiones que no estén relacionadas con la pandemia. Sus consecuencias (sobre todo, el trágico reguero de muertes y de dolor) y el pago de prestaciones para paliar el desastre.
El resto de asuntos de hipotético interés han quedado en un segundo plano. El Covid-19 acapara todo. Reflexionamos un momento con el abogado Rafael Tena Núñez sobre cómo se van a financiar las anunciadas prestaciones. Y es que, las medidas que se están adoptando precisan de dinero, muchísimo dinero.
El laberinto de las prestaciones sociales
Mucho se ha hablado sobre los ERTES y sobre esas nuevas prestaciones que se van a dar: desempleo a no cotizantes durante el tiempo antes necesario, renta universal, ayuda a autónomos y empresas para remontar el vuelo, exenciones de cotización a la Seguridad Social, subvenciones de todo tipo. Pero, dado que va ser una cantidad brutal, descomunal: ¿De dónde va a salir el dinero para tanta prestación?
El Ejecutivo sigue diseñando su nuevo Ingreso mínimo vital para que se beneficien tres millones de personas en un millón de hogares, y que se sumará a un laberinto de ayudas sociales que ya hoy en día se conceden en España. No es solo el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) el que paga estos subsidios a los parados. También lo hacen, de forma complementaria, comunidades autónomas y ayuntamientos.
Hemos tenido acceso a un interesante trabajo que da una idea sobre el asunto. El informe es «El sistema de garantías de ingreso en España» dirigido por el catedrático Luis Ayala. En él se identifican más de 20 prestaciones distintas en el SEPE. Por medio de interesantes diagramas y gráficos nos hace ver cuáles son esos subsidios, a los que habría que sumar los regionales y locales.
Se trata de paliar la pobreza y de reducir los estragos del desempleo. Además de a parados que han agotado su prestación o no han cotizado lo suficiente, también están destinadas a personas que regresan a España tras haber trabajado en diversos países, para los que han salido de prisión o para trabajadores del campo de Andalucía y Extremadura. La veintena de subsidios que cita el profesor Ayala también incluye prestaciones para mayores de 55 años, o la renta activa de inserción, además del subsidio extraordinario de desempleo.
En los orígenes del Estado del Bienestar
Todo esto, junto con asistencia sanitaria universal y las prestaciones de baja médica, de incapacidad laboral, de jubilación y de viudedad, forma parte de lo que se ha denominado el Estado del Bienestar, del que tan orgullosos estamos en España. Estas prestaciones nacen, tienen su germen, en 1908 con la creación del Instituto Nacional de Previsión (INP), organismo que duró hasta 1978. Constituyó la primera institución oficial encargada de la Seguridad Social y la asistencia sanitaria en España.
Algunos no creerán (o, si lo saben, querrán olvidarlo) que nuestro admirado y querido «Estado del Bienestar”nace en la época de Alfonso XII, y va creciendo entre esa fecha y 1978 a través de lo que organizaba y decidía el INP. La Ley que lo creó preveía que el Estado organizase un Instituto Nacional de Previsión para los fines de “difundir e inculcar la previsión popular, especialmente la realizada en forma de pensiones de retiro”.
La creación del Instituto constituye realmente el paso inicial en materia de política social de previsión. En cuanto fue el órgano que preparó o inspiró cuanto con posterioridad se ha elaborado sobre seguros sociales obligatorios. En este sentido, el INP fue un ente gestor de seguros sociales. Es, por tanto, el organismo gestor de mayor entidad y más larga vida (1908-1978) que ha conocido nuestro régimen de seguros sociales. Precedente sin el que nuestro mundialmente admirado actual Sistema de Seguridad Social resultaría inconcebible.
Tras el acuerdo alcanzado en los Pactos de la Moncloa, de los que tanto se está hablando también ahora, se extinguió dejando paso a todos los organismos que fueron creados en ese año 1978:
- Prestaciones médicas: Instituto Nacional de la Salud (INSALUD),
- Económicas: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
- Gestión de servicios sociales; Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO)
- Servicios y gestión de estos para los trabajadores del mar; Instituto Social de la Marina (ISM)
- Tesorería General de la Seguridad Social
La deuda pública, ese gran problema
Me pregunto si los Ministros implicados en las medidas que se están tomando, han previsto si tenemos o no capacidad de generar más Deuda Pública. Y es que la deuda pública es un problema que tiene atada de pies y manos a España, y a algunos otros países de nuestro entorno. Pero aquí predomina la idea de que puede crecer de forma indefinida. Lo triste es que no será así. Y serán nuestros hijos y nietos los que se la comerán con patatas pues, evidentemente, se paga. Ese dinero es siempre de alguien que, más tarde o más temprano, quiere recuperar lo que en su momento prestó, más los intereses.
El ex-primer ministro sueco Göran Persson afirmó que “si un país gasta más de lo que gana, deja de ser soberano porque depende de los acreedores y, si no es soberano, los ciudadanos no deciden su destino y ya no es demócrata, ni tampoco puede ser social”.
La deuda pública española se ha elevado año tras año y ha llegado a 1,2 billones de euros. Esos números son contundentes y no engañan. Ahora van a aumentar muchísimo. Que tiemblen nuestros hijos y nietos.
Una crisis económica diferente
“La crisis económica provocada por la Covid-19 es radicalmente diferente de todas las otras recesiones” afirma el FMI, y nos explica que lo que otras veces comenzaba por los mercados financieros ahora arranca desde la economía en su sentido mas básico. Pues los contagios, las cuarentenas, el confinamiento y el distanciamiento social reducen la movilidad, con efectos especialmente fuertes en sectores como viajes, hostelería, entretenimiento y turismo.
Asimismo, el cierre de los lugares del trabajo perturba las cadenas de suministro y baja la productividad. Los despidos, las reducciones de la renta, el miedo al contagio y un aumento de la incertidumbre provocan una reducción fuerte del gasto, lo cual desencadena cierres de empresas y destrucción de empleo. El resultado final es, “el cierre de facto de un porcentaje significativo de la economía mundial”.
El Fondo Monetario Internacional prevé que se triplique el déficit español. Pasará del 2,6% del PIB en el 2019 al 9,5% este año. La deuda pública española no solo rebasará el listón simbólico del 100% del PIB, sino que subirá del 95,5% en el 2019 hasta superar el 113% del PIB este año.
Es obvio y evidente que nadie va a criticar que las diversas Administraciones Públicas ayuden a las familias en situación más vulnerable. Pero esto de la renta mínima vital, los millones de nuevos parados o en situación de ERTE y los cierres de empresas es una novedad, y va a generar un gasto público absolutamente descomunal. Un gasto «significativo», según el ministro de Seguridad Social, en un futuro muy próximo, y que se caracterizará por el simultáneo hundimiento de los ingresos fiscales y el crecimiento extraordinario del gasto de las administraciones públicas. ¿Habrá alguien que preste dinero a nuestro país?
Si quieres ampliar información en esta materia consulta en este enlace el artículo « ¿De dónde va a salir el dinero para tanta prestación?» de Rafael Tena Núñez. (MA ABOGADOS Vigo) que te ofrece Capital Humano, la publicación de referencia en gestión de RRHH: dirección, organización, selección, formación, gestión del talento, motivación…