En las últimas semanas, hemos visto como el COVID-19, una pandemia sin precedentes, ha venido extendiéndose desde China hasta llegar a Europa y al resto del mundo.
Aunque en un primero momento el problema parecía insignificante, lo cierto es que la alarma social generada, así como el miedo al colapso del sistema público de Salud, han propiciado el súbito agravamiento de la situación. Desembocando en una paralización generalizada de la economía que, de forma inevitable, se ha visto en la necesidad de regular el empleo en aquellas empresas que han visto reducida o paralizada su actividad.
Respuestas legales al efecto del coronavirus en las empresas
Este repentino agravamiento de la situación, ha traigo consigo la necesidad de aplacar las consecuencias económicas de los sucesos. Medidas que, en su mayoría, han sido orientadas a ofrecer soluciones y respuestas a las incertidumbres legales que planteaban hechos inauditos como los que han venido teniendo lugar.
Así, el 12 de marzo, como primera respuesta al COVID-19, se publicaba en el Boletín Oficial del Estado, el Real Decreto Ley 6/2020 de 10 de marzo, que planteaba entre otras cuestiones, la asimilación a la situación de accidente de trabajo de los trabajadores que fueran diagnosticados de coronavirus, o cuyo aislamiento hubiere sido decretado, de conformidad con lo establecido en el artículo quinto de esta norma.
Posteriormente, el día 14 de marzo, se procedía a la declaración del estado de alarma, mediante la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, con el que se ordenaba el cierre de multitud de establecimientos comerciales, paralizando la actividad en distintos sectores de la economía, e imponiendo el confinamiento de los ciudadanos en sus domicilios.
A la luz de estas medidas, se observaba cómo las empresas, previendo el inevitable descenso de su actividad, se apresuraban a planear y adoptar medidas de regulación de empleo, que permitieran ajustar los costes laborales al escenario socio económico que se estaba generando.
Medidas para hacer frente a los efectos del COVID-19 sobre el mercado laboral
En este sentido, el gobierno ha adoptado a lo largo de los últimos días, nuevas medidas. En esta ocasión, orientadas a hacer frente a los efectos que sobre el mercado laboral ha tenido la declaración del estado de alarma.
Así, el miércoles día 18 de marzo, entraba en vigor el nuevo Real Decreto Ley 8/2020 como medida para la flexibilización de los procedimientos de regulación de empleo, a los que la mayor parte de empresas se habían visto en necesidad de acogerse.
Lo cierto es que el citado Real Decreto ofrece beneficios en materia de regulación de relaciones laborales porque entre otras medidas, reduce plazos de negociación e implantación de las medidas suspensivas. También ofrece beneficios en materia de cotización para las empresas que tramiten expediente de regulación de empleo, como consecuencia de fuerza mayor directamente relacionada con el COVID-19.
Sin embargo, esta esperada norma, también ha recibido críticas por parte de todos los agentes económicos. Partiendo de que el texto normativo no arroja luz sobre qué sectores o actividades en los que las empresas pueden acogerse a la tramitación de ERTES por causa de fuerza mayor. Y a los remedios que pueden ofrecer a las empresas, cuando esta era la solución a la que tenían previsto recurrir la gran mayoría de las mercantiles.
Objetivo: minimizar el impacto en la economía
En definitiva, en medio de una crisis sanitaria sin precedente, y de la paralización generalizada de la actividad económica por orden institucional, las empresas se apresuran a tramitar multitud de expedientes de regulación de empleo, para la suspensión temporal de los contratos de trabajo. En un contexto en el que la única finalidad es reducir al mínimo el impacto de los acontecimientos en la economía.
No obstante, no será hasta pasadas varias semanas que podrá hacerse balance del verdadero impacto que los acontecimientos tengan en la economía española en general, y en el mercado laboral en particular, así como de la efectividad de las medidas adoptadas por parte de instituciones y empresas para paliar sus efectos.