José Miguel González, economista-director del Gabinete Técnico de CCOO Canarias.
La contención del estallido social procede de la economía sumergida porque sabemos que está correlacionada con la tasa de paro. Si ésta es inferior al 10%, la ilegalidad es estructural, propia del sistema. Ahora bien, si la tasa de paro se sitúa por encima del 20%, la economía sumergida se convierte en una necesidad porque crece de forma inexorable el número de personas sin empleo y sin ningún tipo de renta debido a que se ha pasado de los noventa días a los veintitrés meses de media entre la pérdida de un empleo y la obtención de otro.
Si existe una hora de trabajo que no está declarada, está claro que se muestra como necesaria tanto para la empresa como para el mercado. Es por ello que, junto al sistema sancionador, también es necesario su afloramiento en lo que a la personalización de los problemas se refiere. No podemos solucionar un problema si desconocemos su dimensión y deberán detectarse los hechos objetivos que pueden incentivar los procesos de economía sumergida, así como el grado de incidencia y prevalencia que tienen, tanto desde la perspectiva sectorial como territorial y los obstáculos a su regularización. En definitiva, hay que escrutar las características que empujan hacia la irregularidad.
Es por ello que hay que ajustar los costes de gestión a los beneficios finales de la actividad que se pretende regular, como también es necesaria la coordinación interadministrativa al objeto de agilizar y facilitar la relación entre Administración y administrado, así como a simplificar el entramado burocrático competencial que actúa a modo de factor disuasorio para que las relaciones administrativas sean fáciles de comprender y de emprender. De igual modo, hay que establecer un sistema en pro de la regularización de aquellas situaciones que se encuentran en situación de ilegalidad, diferenciando claramente a los que incumplen determinados requisitos burocráticos formales frente a aquellas actividades que inciden en faltas más graves. De ahí que la tipificación del delito cometido debe tener una respuesta proporcional al delito cometido.
En definitiva, en el plano general, hay que apostar por la generación de actividad económica que incentive la demanda de consumo e inversión. Es decir, hay que priorizar el descenso de la tasa de paro sobre cualquier otra cosa. Puede parecer obvio, pero no por eso es menos útil. La historia nos ha enseñado cómo el uso de las puertas traseras nos facilita la resolución de los problemas y sería de poco inteligentes no utilizarlas.