Depende del informe, del autor y del destinatario, pero si hay algo en lo que todos coinciden es en que los últimos datos sobre siniestralidad registran una clara tendencia a la baja. Al menos, los que el Ministerio de Trabajo e Inmigración publicaba el pasado mes de noviembre no dejan lugar a duda: la caída del índice de incidencia de los accidentes de trabajo en España entre octubre de 2009 y octubre de 2008 fue de un 23,7% con respecto al mismo periodo del año anterior. Tampoco hubo categoría de gravedad o sector en el que el saldo absoluto se situara por encima de los diez puntos negativos (agrario, -11,3%; industria, -31,5%; construcción, -41,1%, y servicios, -18,4%). ¿Cabría, como en todo, diferentes lecturas?
Desde la perspectiva de Concepción Pascual, directora del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, la respuesta es no, porque estos resultados son fruto de «la labor de prevención que empresas, trabajadores y administraciones llevan haciendo desde 2000 y que este año se ha acentuado considerablemente». Un incremento «especial» debido «al buen hacer de todos y, en cierta medida, a la caída del empleo derivada de la crisis». Para Vicente Aparicio, subdirector general de la mutua de accidentes Asepeyo, esta última afirmación no ocupa tal segundo lugar, siquiera aparece como causa plausible de la bajada de la mortalidad, que se ha a reducido a la tercera parte desde aquel fatídico 2000 que comentaba Pascual. «Si hablamos de baja médica, hemos pasado del 9,61% al 5,26% en menos de una década», puntualiza.
Del absoluto al índice
Del otro lado de la prevención, Aparicio insiste en la buena noticia que supone el hecho de que los colectivos con mayor siniestralidad hayan disminuido el índice de incidencia en sus centros —»un 16,26%, la construcción; un 25,28%, la industria manufacturera, y un 17,88%, el comercio»— y recalca en que éste «siempre mide el número de accidentes con respecto a cada 100.000 trabajadores, independientemente del de ocupados».
Y es que esta es la manzana de la discordia entre los que ven el vaso medio vacío y los que lo ven medio lleno. Los sindicatos, especialmente aquellos dedicados a los colectivos que registran ese importante descenso de siniestralidad sobre el papel, difieren en gran medida de las anteriores interpretaciones. «Hay menos accidentes porque trabajan menos personas», comenta Manuel Fernández Lito, secretario general de la Federación Estatal de Metal, Construcción y Afines de UGT, para el que, pese al descenso en la siniestralidad de la construcción —influido por la pérdida del 24% de los empleos—, este sector sigue necesitando de intervención urgente: «Se accidentan mil trabajadores al día y uno de cada tres que muere durante el desempeño de su labor pertenece a este sector». La crisis, en su opinión, también maquilla la cifra desde otros aspectos, como el de las declaraciones de baja, que se han reducido debido «al miedo a que se prescinda del trabajador en un campo en el que el contrato por obra y servicio puede justificar cualquier despido», o el de la vigilancia de la salud: «Durante los nueve primeros meses de 2009 se declaró un total de 12.390 enfermedades profesionales, un 14% menos que en 2008, debido, en muchos casos, a que éstas son calificadas de accidentes o de enfermedades comunes».
En Asepeyo sí que coinciden en este punto. Al menos, su subdirector, Vicente Aparicio, que afirma que, en su caso, «más de la mitad de la facturación de la mutua viene de este apartado concreto». Esta proporción, refuta la opinión de Fernández Lito, quien reconoce la labor de prevención de la Administración, pero apunta que se precisa más vigilancia en todos los frenes. Desde la que se origina en el centro de trabajo —»formación, conocimiento del medio y prevención antes y durante»— hasta la que supervisa el desarrollo de las leyes. «Sólo así se fortalecerá el papel de los interlocutores sociales y la implicación de empresarios y trabajadores, y se otorgará el protagonismo al Diálogo Social y a la negociación colectiva», concluye mientras recuerda la convivencia de incrementar los recursos económicos y humanos necesarios a tal efecto.
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo tiene presente dichas peticiones e insiste, a través de Concepción Pascual, en que el calendario previsto hasta 2011 va a buen ritmo. Su prioridad genérica es «crear los instrumentos, actuaciones de difusión, investigación y prevención que lleguen al ciudadano, al empresario y al trabajador», y la formal, este año, «modificar los servicios de prevención para dotarles de mayor calidad, reducir los accidentes laborales de tráfico y poner en marcha el asesoramiento público al microempresario con menos de diez trabajadores en peluquerías y oficinas». Difícil asignatura para 2010 si tenemos en cuenta que la calidad y los accidentes de tráfico y de autónomos son difíciles de cuantificar en estadísticas. Las mismas en las que todavía seguimos sin ponernos de acuerdo, pese a su descenso.
Los autónomos y el difícil camino hacia la prevención
Ni en la prevención ni en la evaluación de resultados. Los autónomos se enfrentan a serias dificultades desde el origen hasta el desenlace del riesgo laboral que, en su caso, se incrementa debido a las circunstancias que a menudo rodean su trabajo. En la prevención, la complicación asoma entre el abismo que separa al autónomo que trabaja solo, que apenas tiene cubiertas sus contingencias profesionales —se el calcula que lo hace entre el 10 y el 12% —, y el que tiene unos pocos empleados: «Éste último debe velar por sus trabajadores como lo haría El Corte Inglés, y eso es imposible», recalca Vicente Aparicio, subdirector de Asepeyo.
«Esta situación se debe a que las leyes son aprobadas por sindicatos, Administración y patronal —continúa José Luis Perea, responsable de Siniestralidad Laboral de la Federación de Autónomos ATA—. Ha sido un descuido horroroso que se ha intentado paliar con el artículo 8 del Estatuto del Trabajador Autónomo». Perea explica que este colectivo está al margen de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales [que sólo los menciona en su artículo 3] y que la labor realizada hasta ahora no tiene que ser sólo de vigilancia, sino también de promoción y sensibilización, la mayor diferencia en este campo entre unos y otros trabajadores, para los que un accidente o enfermedad puede significar el fin de su carrera o empresa.
Víctor Delegado, presidente de la Asociación Española Multisectorial de Microempresas, insiste en este aspecto y recuerda a la Administración, desde el plan económico solidario que acaba de presentar para este colectivo, que es necesaria la adaptación de los costes de prevención: «Así, los microempresarios podrían ver en ella un verdadero beneficio y no un gasto y una pérdida de tiempo». «No debemos olvidar que este sector genera un 70% del empleo total y que está sin resolver», añade.
En el otro extremo, el de las estadísticas, el hecho de que salvo los trabajadores económicamente dependientes no tengan obligación de cubrir las contingencias profesionales, lleva a un vacío muy importante en el registro de accidentes y enfermedades. «La Administración nos tildaba de exagerados y la primera y única vez que midieron este aspecto [en 2007] vieron que incluso nos habíamos quedado cortos», comentan desde ATA, donde reconocen que el índice de siniestralidad es tres veces menor entre los autónomos.
El 87% de las trabajadoras por cuenta propia padece problemas musculares
Construcción y transporte son los ámbitos en los que más se ceba la siniestralidad, y la falta de estadística real, entre los autónomos —UPTA y ATA publicaban en 2008 sendos informes en los que se ponía de manifiesto la escasa vigilancia de la seguridad y el aumento en los trastornos musculares—. Sin embargo, más olvidados que ellos están ellas, que llegaron al millón el pasado octubre. Según un estudio de ATA, las mujeres autónomas españolas sólo tienen cubiertas sus contingencias en un 10%, pese a que, de cada diez, nueve dicen sufrir contracturas; siete, cervialgias y, la mitad, lumbalgias. La principal razón, según los autores, «las dificultades en la conciliación».