La escasez de recursos energéticos en España siempre ha sido un obstáculo para el desarrollo económico de nuestro país. Aunque el sector de la energía supone aproximadamente un 2,5% del PIB español –unos 35.000 millones de euros–, su importancia va mucho más allá puesto que es un sector estratégico del que se nutren todas las ramas de la actividad económica. Por tanto, la carencia de recursos autóctonos ha condenado al sistema energético nacional a una situación de déficit y de gran dependencia exterior. Según los últimos datos del Ministerio de Industria, el grado de autoabastecimiento de energía primaria fue en 2010 del 26%, lo que supone que en España, el 74% de la energía primaria que se consume es importada de otros países.
Además, en los últimos años están aflorando nuevos retos y problemas en los modelos regulatorios que se establecieron al comienzo de la liberalización de los mercados energéticos europeos. Los factores desencadenados son muchos y, en buena parte, específicos de cada país, tal y como explica el «Informe sobre el sector energético español» publicado este año por la Comisión Nacional de Energía (CNE). Entre los problemas comunes, cabe señalar la caída de la demanda de productos energéticos –el consumo de electricidad ha caído en España un 2,1% en el último año–, la dificultad de financiación de nuevas infraestructuras, el incremento del precio de los combustibles fósiles como el petróleo, así como la necesidad urgente de introducir medidas contra el cambio climático. Todos estos factores ejercen presiones al alza sobre los precios que los consumidores finales pagan en concepto de uso de las instalaciones energéticas o de adquisición de energía.
Sin embargo, uno de los puntos favorables de nuestro sistema energético es que España tiene el suministro asegurado en los próximos años, especialmente por la caída continuada de la demanda. Existe un exceso de capacidad, tanto en generación eléctrica como en infraestructuras de importación de gas, así como una amplia diversificación de aprovisionamientos de gas natural y de puntos de entrada al sistema. Esto quiere decir que no existirá a medio plazo ningún problema de suministro, a diferencia de lo que ocurre en otros países como Francia o Reino Unido por su insuficiente capacidad de generación energética o en Alemania e Italia, que dependen casi exclusivamente del gas ruso. Además, cabe destacar que España ostenta una de las tasas más altas en la Unión Europea de generación eléctrica de origen renovable, lo que ha contribuido a reducir en un 44% las emisiones de dióxido de carbono del sector eléctrico entre 2005 y 2011.
En cuanto al consumo de gas natural, la CNE prevé que la demanda de este año sea similar a la de 2011, y que a partir de 2013 vuelva a recuperarse hasta alcanzar los máximos históricos que se registraron en 2008. El principal país aprovisionador de gas continuará siendo Argelia, ya que con la entrada en funcionamiento del gasoducto Medgaz, este país llegará a aprovisionar un 40% del mercado español, por debajo del actual límite de diversificación del 50% que marca la ley.
Más luces que sombras
Con respecto al nivel de competitividad del sistema energético español, los precios finales en nuestro país, especialmente de electricidad, se situaron en 2011 en el rango elevado de la Unión Europea. Por tanto, los consumidores españoles son de los que más pagan en todo el continente, si bien también es cierto que el impacto de la factura eléctrica sobre el gasto anual medio de las familias en España supone el 2% y el de la factura del gas natural el 0,74%.
A pesar de esto, hace unos días los consumidores se llevaron la primera alegría del año tras conocer el resultado de la subasta que determina el precio de la luz para el próximo trimestre. La mitad del recibo depende de esa puja, que se cerró con una caída del precio del 4,6%. La otra mitad depende de la decisión unilateral del Gobierno, que ha confirmado que congelará su parte, por lo que el recibo bajará en torno al 2%. Es un ligero respiro si se tiene en cuenta que los consumidores han sufrido continuas subidas en los últimos meses. En lo que va de año, el recibo de la luz ha subido un 14%. El 1 de julio, el Gobierno aplicó una subida casi del 4% en el precio debido al alza que le obligaba la subasta, que se cerró con un incremento del 9,3%. En marzo de este año, el Ejecutivo ya anunció una fuerte subida del 7% para solventar las anteriores congelaciones de la parte regulada del recibo. A estas dos fuertes subidas, hay que añadir que el recibo de la luz también se ha visto afectado por el incremento en tres puntos del IVA (del 18 al 21%) que se aplica desde el 1 de septiembre.
Pero parece que este pequeño descanso para los bolsillos de los consumidores españoles no va a tener mucha continuidad. Según asegura Alberto Lafuente, presidente de la CNE, el recibo de la luz subirá en torno a un 8% el próximo año, debido, sobre todo, a que el precio de la electricidad en España va a aumentar un 16% en los mercados mayoristas. Esto va a afectar especialmente a la economía doméstica y a las pymes, pues el precio antes de impuestos de la electricidad en nuestro país está entre los más altos de Europa, solamente superado en el segmento doméstico por dos islas, Malta y Chipre. La solución sea quizá aumentar la competencia, abriendo el mercado a más operadores. Lafuente asegura que las tres empresas verticalmente integradas, Endesa, Iberdrola y Gas Natural, tienen una cuota de mercado cercana al 93%. Además, el 90% de los consumidores contrata la electricidad a comercializadores que en su zona tienen activos de distribución. Esto hace florecer los antiguos monopolios regionales. Es más, a escala local, asegura el presidente del CNE, «estamos en presencia de monopolios que disfrutan de cuotas de mercado del orden del 90%».
Más impuestos
El otro gran problema del sector energético español es el déficit insostenible que existe entre los ingresos y los costes del sistema eléctrico. La deuda del sistema asciende a 24.000 millones de euros, un déficit al que, según todos los expertos, se le debe poner cerco. Las consecuencias directas de mantener una senda creciente de deuda del sistema eléctrico son, por una parte, los crecientes pagos por la deuda del sistema a través de los peajes de acceso presentes y futuros de los consumidores y, por otra, el impacto sobre el endeudamiento de las empresas eléctricas que están obligadas a financiar temporalmente el déficit del sistema.
Resulta complicado hacer entender que, a pesar de que los consumidores españoles son de los que más pagan por la luz en Europa, existe una deuda de 24.000 millones porque esos precios deberían ser todavía más altos. Para intentar solventar el grave problema, el Consejo de Ministros aprobó hace unos días un anteproyecto de ley que crea impuestos para todos los tipos de energía para poder así ingresar 2.734 millones de euros el próximo año. «De no adoptar medidas, el déficit acumulado seguiría aumentando del orden de 5.000 millones de euros anuales», aseguran desde el Ministerio de Industria.
Según esta reforma, el Gobierno impondrá un gravamen del 6% de los ingresos de las empresas de todas las tecnologías de generación eléctrica, dos nuevos impuestos para las centrales nucleares, un canon del 22% sobre la producción de energía hidroeléctrica y un aumento considerable del céntimo verde. A partir de ahora, se aplicará un céntimo verde de 2,79 céntimos por metro cúbico de gas natural, de 14,97 euros por tonelada de carbón, de 12 euros por tonelada de fuelóleo y de 29,15 euros por cada mil litros de gasóleo. Un mal menor, en palabras del Ejecutivo, que asegura que si este importante déficit recayera exclusivamente en el recibo de la luz, y no se repartiera entre empresas, usuarios y la propia Administración, la subida sería cercana al 50% de la tarifa actual.