Las startup son las empresas propias de nuestro tiempo: se crean rápidamente, son disruptivas, pero muchas tienen poco recorrido debido a su fragilidad. Iniciativas de emprendimiento, con un gran componente de innovación y llevadas adelante con el mínimo de financiación. Esto conlleva que tengan poca capacidad para retener el talento de gran cualificación que requieren. Para tratar de minimizar las debilidades de estas iniciativas e impulsar y apoyar la innovación y el emprendimiento se aprobó en Consejo de Ministros el pasado diciembre el proyecto de Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, más conocida como Ley de Startups.
Se duplica en el número de startups en España en un año
En España en 2020 se contabilizaron 7.150 startups activas, sobre todo en Barcelona y Madrid, pero también en Valencia, Bilbao o Málaga. Principalmente se han dedicado a las áreas de movilidad-logística, salud y bienestar, fintech, herramientas de productividad/business, turismo, comercio electrónico, software y ciberseguridad. Esto supuso el doble de iniciativas que el año 2019 según el Observatorio de Startups.
A pesar de su gran potencial, estas iniciativas de emprendimiento tienen características particulares de vulnerabilidad. Sobre todo, en algunos aspectos como son la escasa capacidad de retención de talento especializado debido a su fragilidad: mucha innovación que implica también un gran riesgo y un nivel de supervivencia pequeño debido a estas dificultades. Sin embargo, poseen un gran potencial de transformación de la economía si se apoya, sobre todo en las fases iniciales.
Principales aspectos de la Ley de Startups
Estas son algunas de las principales razones por las que nace la Ley de Startups. El fin, dar apoyo a la supervivencia de estas empresas, haciéndolas más atractivas a la inversión y fortaleciendo la retención de talento.
En primer lugar, la Ley define lo que es una empresa startup. Considera que lo son aquellas de nueva creación o de menos de 5 años (7 años en algunos casos como las biotecnológicas), que no coticen en bolsa, que no distribuyan ni haya distribuido beneficios, que tengan carácter innovador (esto dependerá del criterio de un organismo especializado, ENISA) y generen un volumen de negocios anual de hasta 5 millones de euros.
Este tipo de empresa podrán constituirse de una manera ágil, sigue el proyecto de ley, ya que prevé que los aranceles respecto a notarios y registradores sean gratuitos y pueda hacerse de forma telemática. Una empresa de estas características puede llegar a estar constituida en seis horas si se utilizan estatutos tipo.
Una ventaja fundamental para las iniciativas de este tipo son incentivos fiscales atractivos. Para estos negocios emergentes el impuesto de sociedades se verá reducido del actual 25% al 15%, en los cuatro primeros ejercicios desde que la base imponible sea positiva.
La Ley de Startups dará impulso a las stock options
Una de las remuneraciones más comunes para los trabajadores de startups se realiza en forma de opciones sobre acciones de la compañía (stock options). Según la futura Ley de Startups la cantidad que recibieran estará exenta del pago del IRPF hasta los 50.000 euros (actualmente son 12.000 euros).
Los primeros años de emprendimiento es habitual que se compatibilice el negocio con un empleo por cuenta ajena hasta que resulta rentable y puede obtenerse un sueldo. Durante este tiempo se tributa tanto por IRPF, por el trabajo para otra empresa, como a través del pago del impuesto de autónomos, por el propio. La ley prevé dejar exento el pago a autónomos durante los tres primeros años.
Otra de las medidas para impulsar la creación de startups es controlar el riesgo que supone la innovación. La ley propone hacerlo mediante la colaboración público-privada para apoyar la transferencia del conocimiento que se puede generar en universidades y otros lugares de investigación. Esto adoptaría el modelo de sandbox, es decir, entornos de prueba controlados durante un año para evaluar la viabilidad del producto o servicio que se proponen desde las startups.