A finales de 2018, el Gobierno aprobó una disposición por la que todos los estudiantes que realizan prácticas curriculares, tanto por la universidad como por la FP, deberán cotizar a la Seguridad Social. No importa que sean remuneradas o que no. La medida se ha recibido con gran desconcierto por parte de los centros educativos, que temen ver reducida la oferta de prácticas. ¿Cómo afecta a las empresas que quieren contar con este tipo de becarios? Contestamos a tres preguntas clave sobre la nueva situación de los becarios.
¿A qué prácticas afecta la nueva normativa?
Las prácticas que se ven afectadas por esta medida son las no laborales. Lo que dicta la normativa hasta que se apruebe el texto definitivo de la nueva medida es que se cotice a la Seguridad Social solo por los estudiantes que sean remunerados de algún modo. La novedad es que ahora también se tendrá que cotizar por los que no reciben remuneración alguna.
Se calcula que en esta situación se encontrarán unos 534.000 alumnos, según el Ministerio de Educación. Por otro lado, la cuota por becario se calcula que suponga en torno a 50 euros mensuales por persona becada.
Una de las razones que llevan al Ejecutivo a tomar esta medida es su propósito de controlar las irregularidades en las cotizaciones. En unas ocasiones, los becarios realizan tareas muy distintas a su titulación; en otras, las funciones son realmente laborales y no de prácticas.
¿Cuándo entrará en vigor la obligación de cotizar por los becarios?
Lo primero que conviene señalar es que aún está pendiente de redactar el reglamento definitivo, pues el Gobierno indicó desde el primer momento que la aprobación de este texto debía completarse con los actores implicados.
Al principio, se señaló un plazo de tres meses para que entrara en vigor. Sin embargo, ante rechazo manifestado por entidades de peso como la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), se ha decidido retrasar hasta el curso 2019-2020. Es decir, las prácticas que se realicen a final del presente curso (2018-2019) todavía se regirán por la normativa anterior. De esta forma, tanto las entidades privadas como las públicas tendrán más tiempo para planificar las prácticas.
¿En qué medida se verán perjudicadas las empresas que ofertan prácticas?
Tanto los rectores de la CRUE como los representantes de la docencia en FP están de acuerdo con la filosofía de la nueva medida. Es decir, están a favor de que de que los becarios coticen y que mejoren así su situación. Sin embargo, les preocupa que disminuya la oferta de prácticas. Si ahora tampoco es muy abundante, piensan que puede verse aún más reducida si se complica la tramitación de las becas en las empresas o bien si los centros de estudios tienen que hacerse cargo de la cuota, pues no cuentan con presupuesto. Por este motivo, otra de las reivindicaciones ha sido que la cuota estuviera bonificada al 100%.
Tras reunirse con los actores implicados, el Ministerio de Trabajo se ha comprometido a que los centros no tengan que hacer este esfuerzo económico. Sin embargo, no se ha especificado todavía de qué manera tiene pensado llevar a cabo este compromiso. Tampoco se ha determinado quién se hará cargo de gestionar la cotización, si los centros formativos o bien las empresas.