El pasado 19 de mayo, el Gobierno presentó ante el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para su tramitación parlamentaria. La nueva norma sustituirá a la Ley de la Ciencia de 1986 y, entre otras cosas, según el Gobierno, servirá par evitar la fuga de talento al exterior.

El Proyecto de Ley responde a cuatro grandes retos. En primer lugar, permitirá diseñar «una carrera científica basada en méritos, estable y previsible que permita retener y atraer el talento científico», según el Ministerio de Ciencia e Innovación. La ley incluye, por ejemplo, la creación de un contrato de acceso para investigadores postdoctorales que les permitirá incorporarse al sistema público de I+D cumpliendo criterios de excelencia.

En segundo lugar, la ley prevé la creación de una Agencia de financiación, que garantizará el máximo control sobre la gestión de los fondos públicos. En tercer lugar, la norma incorpora novedades en el ámbito de la cooperación público-privada con fines científicos y tecnológicos, atendiendo al cambio de modelo productivo que pretende el Gobierno. Por último, el texto presentado al Congreso de los Diputados establece mecanismos para mejorar la cooperación y la coordinación entre las distintas administraciones, con el fin de maximizar la producción científica de todos los sistemas de I+D y evitar duplicidades.

Además, la ley también prevé la creación de un Comité de Ética de la Investigación, que se ocupará, entre otras cosas, de arbitrar en los conflictos de intereses entre las actividades públicas y privadas.

Muchos expertos de los ámbitos de la investigación técnica y científica no se muestran muy esperanzados con el proyecto de ley impulsado por  el Ministerio de Ciencia e Innovación. José Luis González Vallvé, presidente de la patronal de ingeniería Tecniberia, cree que la ley está del lado «de la creación de papeles, pero no está resuelto el tema de pasar del papel a la realidad». Desde su punto de vista, ser ingeniero es muy difícil y no se incentiva el hecho de que un joven quiera serlo. Salomón Aguado, portavoz de la Federación de Jóvenes Investigadores/Precarios, se muestra mucho más crítico. «De cara a la galería, hasta la ministra utiliza palabras muy parecidas a las nuestras», asegura, y añade que la ley es contraria a todas las sugerencias de la comunidad científica. «No va a servir para poner las bases de la nueva ciencia del siglo XXI porque reitera en el sistema fracasado del siglo XX», opina.