Arjan Sundardas, profesor del IE Business School y director académico de ENME.

El modelo autonómico ha provocado que las autonomías que han querido posean una universidad propia, para que sus conciudadanos no tengan que abandonar su comunidad autónoma. Esto provoca que las carreras pasen a estar al alcance de cualquiera. Al ofertarse más plazas, la nota de corte baja, multiplicando los jóvenes ingenieros, farmacéuticos o médicos y lanzando al mercado de trabajo muchos más titulados de los que puede soportar.

El mercado de trabajo requiere personas con formación universitaria, pero más personas sin dicha formación y que realicen trabajos como operarios. La realidad actual es una oferta de profesionales en la que la mayoría son universitarios que pasan a ocupar una parte importante de los puestos de operarios, a pesar de que el Estado ha invertido en ellos –en la mayoría,  formados en universidades públicas– una cantidad importante de dinero.

La inversión en formación realizada por el Estado y las Comunidades debe tener un retorno. Pero este no proviene del abono del coste de la universidad, sino que dichos costes –o inversiones– en formación deben redundar en que esos jóvenes que consigan formarse ocupen empleos donde la usen, y que tengan un salario adecuado a dicha formación, salario que tributará como corresponda –y de ahí parte el retorno para el Estado–.

Con los altos porcentajes de titulados cabe una reducción de la oferta educativa universitaria, para que la universidad ‘fabrique’ un número razonable de titulados, no más de los que pudiera absorber el mercado de trabajo. Desgraciadamente, eso llevaría al cierre de muchas escuelas o de algunas universidades en su totalidad, provocando una contracción de la oferta formativa, no necesariamente con la tradicional centralización, pero sí con una racionalización de los medios, aunque parece poco probable que ocurra, ya que las universidades tienen una masa laboral funcionaria y joven, que hace compleja la posible solución.

Aunque parezca paradigmático, la solución a la sobreformación de los jóvenes españoles es pensar, como si se tratara del libre mercado, en la demanda de titulados que puede tener la economía española, para cada una de las titulaciones, y ajustar al máximo la oferta a la demanda.

Probablemente sea la única solución para evitar las altas tasas de paro, la baja retribución de los universitarios y su desmotivación, ya que, de seguir así, quizá tengamos en unos años un gap generacional que va a provocar que no haya mandos intermedios que sustituyan a los actuales.