El pasado 7 de enero se aprobó en la Comisión de economía y competitividad del Congreso de los diputados la Ley de fomento de la financiación empresarial con el fin de facilitar el acceso al crédito de lo que supone el 99,9% del tejido empresarial español que son las pequeñas, medianas empresas además de las micropymes (0-9 empleados).
Actualmente la financiación de las pymes es esencialmente bancaria y en ella están implicadas al menos el 80% de estas organizaciones. La ley contempla y regula por primera vez el acceso al crédito de estas entidades a través de fórmulas no bancarias como es el crowdfunding (financiación colectiva o participativa). Se pretende que se convierta en una herramienta de financiación directa con garantías para el inversor. También se establecerán límites a los inversores no acreditados.
Estas son las principales medidas que regularán la Ley de Financiación Empresarial:
- La banca tendrá la obligación de avisar al menos con tres meses de antelación y por escrito en caso de que se vaya a producir un recorte del 35% o más de la financiación de una pequeña, mediana, micropyme o de un crédito a un trabajador autónomo, con el fin de que se pueda reorientar la financiación para su futuro.
- A este respecto se podrá obtener un informe gratuito de la propia entidad bancaria en la que figure información sobre su posición financiera, historial de pagos, extracto y calificación crediticia de al menos los cinco años anteriores con el propósito de acreditar el cumplimiento íntegro de sus obligaciones.
- Se define el crowdfunding con fines lucrativos. Es decir, aquel relativo a inversores y préstamos de entidades no bancarias y no aquel relacionado con recompensas y donaciones. Se establece la diferenciación entre inversores acreditados, que podrán invertir sin límites, y los no acreditados, que solo podrán invertir un máximo de 3.000 € en el mismo proyecto y plataforma de financiación.
Para el partido del Gobierno esta Ley da solución a la indefensión de las pymes ante el cierre del flujo de financiación y, entre otras, protege a los inversores a través del crowdfunding. Para los partidos de la oposición esta norma se queda corta, ya que se favorece la financiación crediticia bancaria. Las limitaciones a la inversión también son fuente de crítica desde plataformas dedicadas a la financiación colectiva, como es goteo.org.
Las llamadas a la mejora de las condiciones de acceso al crédito son continuas, como las que recientemente se han hecho desde la OIT (Organización Internacional del Trabajo), en las que se recomienda que se potencien los mecanismos de garantía de crédito para este tipo de empresas con el fin de impulsar sus actividades.
La Ley entrará en vigor previsiblemente a mediados de año.