El pasado 27 de septiembre, el Consejo de Ministros aprobaba el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, así como su remisión al Congreso de los Diputados. Estos presupuestos son los primeros que se elaboran desde la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que pretende garantizar la adaptación a la normativa europea. El nuevo marco legal tiene tres objetivos fundamentales: garantizar la sostenibilidad financiera de todas las Administraciones Públicas, fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía española y reforzar el compromiso de España con la Unión Europea en materia de estabilidad presupuestaria.
La consecuencia directa de este cambio de modelo legislativo es, lógicamente, la reducción del gasto público, y parte de esos recortes afectan a la oferta de empleo público. En el artículo 23 del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013 podemos leer: «A lo largo del ejercicio 2013 no se procederá en el sector público (…) a la incorporación de nuevo personal, salvo la que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios anteriores o de plazas de militares de Tropa y Marinería necesarias para alcanzar los efectivos fijados».
Paloma Miña, Responsable de Comunicación del Centro de Estudios ADAMS, afirma que «en el Empleo Público también se está destruyendo empleo, no podemos negar la evidencia. Aunque, eso sí, esa destrucción no tiene absolutamente nada que ver con la que está sufriendo el sector privado». En su opinión, existe una congelación de la oferta de empleo público solamente parcial. Tres son los motivos que explican esa parcialidad: por un lado, el proyecto de ley «admite las convocatorias correspondientes a ofertas de empleo público publicadas con anterioridad pero cuyas plazas no han sido convocadas; admite el 10% de la tasa de reposición de funcionarios en sectores considerados prioritarios, y admite la contratación de personal temporal, nombramiento de funcionarios interinos y de personal estatutario temporal con carácter excepcional para necesidades urgentes e inaplazables».
A pesar de esa congelación de la oferta de empleo público, se mantiene una tasa de reposición del 10% en una serie de sectores considerados «prioritarios». Esto quiere decir que se convocarán 10 plazas por cada 100 empleados públicos que causen baja. Los sectores considerados prioritarios son: Cuerpos de funcionarios docentes; Plazas de hospitales y centros de salud del Sistema Nacional de Salud; Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, Cuerpos de Policía Autónoma propios en su territorio y Policía Local; Fuerzas Armadas en relación con las plazas de militares de carrera y militares de complemento; Control y lucha contra el fraude fiscal, laboral, de subvenciones públicas y en materia de Seguridad Social; Asesoramiento jurídico, gestión y el control de la asignación eficiente de los recursos públicos; Plazas correspondientes al personal de los servicios e prevención y extinción de incendios; Plazas de personal investigador doctor de los Cuerpos y Escalas de los organismos públicos de investigación y plazas de los cuerpos de personal investigador de las Universidades y, por primera vez, Administración de Justicia y Acción Exterior del Estado.
Calidad y cantidad
Randstad, en su informe trimestral Workmonitor, analiza las expectativas laborales y el nivel de satisfacción de los trabajadores a nivel internacional. Alfredo Loizaga, Director de Administraciones Públicas de Randstad, indica que, en general, «el empleado público español está muy satisfecho con su empleo, en línea con otros funcionarios europeos». Sin embargo, la crisis y los últimos ajustes económicos «han hecho mella en su forma de afrontar el trabajo, posicionándolos entre los más insatisfechos del panorama europeo». Es normal, desde el punto de vista de Loizaga, que «si han visto mermadas sus retribuciones, y condiciones laborales, muestren una mayor insatisfacción laboral respecto a otros periodos».
La Administración General del Estado necesita Recursos Humanos, como cualquier empresa privada. Sin efectivos no puede funcionar, por lo tanto la crisis seguirá haciendo mella en el sector público, pero sin llegar a congelarlo al 100%. Según Paloma Miña, «el sentir general, tanto de empleados públicos como de opositores, es que es totalmente necesario que España sea consciente de que hacen falta empleados públicos para que existe un adecuado servicio público y, en definitiva, un Estado del Bienestar».