El salario mínimo interprofesional (SMI) nunca ha importado demasiado a los españoles. Con la economía boyante y los convenios colectivos a la orden del día, el sueldo medio lo duplicaba sin muchos apuros y sus subidas anuales se convertían en una más de las muchas negociaciones que sindicatos y patronal llevaban a cabo con el gobierno de turno. Sin embargo, la situación ha cambiado. Según los datos aportados por la Agencia Tributaria en noviembre pasado, más del 60% de los españoles que todavía conserva un empleo ya ni siquiera es ‘mileurista’. Además, con la nueva Reforma Laboral, las empresas podrán descolgarse de los convenios colectivos, algo que, aunque podría reinsertar a un millón de personas en el mercado de trabajo, también podría abocarlas a ese bajo salario.

Se entiende por SMI la cuantía retributiva mínima que percibirá un trabajador por la jornada legal de trabajo, sin distinción de sexo o edad, ya sean fijos, eventuales o temporeros. Actualmente, esa cuantía equivale a 641,40 euros repartidos en 14 pagas, o lo que es lo mismo, 748,30 euros mensuales si la prorrateamos a doce, medida equivalente al resto de países de la Unión Europea. El salario mínimo, como bien recuerda Juan José Dolado, catedrático de Economía de la Universidad Carlos III, «se compara normalmente con el salario medio». Esta operación aritmética se conoce como el Índice de Kaitz. Y en su aplicación, España sale muy mal parada. Según los últimos datos publicados por la oficina Eurostat de la Comisión Europea, el SMI en nuestro país equivale al 35,3% del salario medio. Solo tienen un equivalente menor la República Checa y Rumanía. En el otro lado de la balanza, el salario mínimo francés, que roza los 1.400 euros y equivale al 47% de su salario medio, un porcentaje que, sorprendentemente, comparte con Eslovenia, que con 763 euros mensuales establece un salario mínimo que es casi la mitad del salario medio de sus ciudadanos.

Esta comparativa porcentual respecto al salario medio es, sin duda, la más aceptada, puesto que si se habla exclusivamente de cantidades en bruto, los diez países del este de Europa que entraron en la UE en los últimos años tienen salarios mínimos muy bajos, llegando al extremo de Rumanía y Bulgaria, donde este sueldo asciende a 162 y 138 euros. En el lado opuesto, Luxemburgo con sus 1.800 euros de salario mínimo encabeza la tabla, seguido de lejos por Irlanda (1.462 euros) y Holanda y Bélgica (en torno a 1.445).

Camino por recorrer

Pero, ¿hasta qué punto se puede convertir el SMI en un referente para los sueldos españoles? «Será el mercado quien marque la pauta, aunque todo apunta a que así será», asegura Ángels Valls, experta en Derecho y Relaciones Laborales de ESADE. Las voces de alarma empiezan a escucharse tímidamente. Hace apenas una semana, la Comisión Europea apoyó el establecimiento de salarios mínimos «decentes y adecuados» en el ámbito nacional, así como su «ajuste regular» en colaboración con los agentes sociales. «No podemos forzar a los Estados miembros a introducirlo o incrementarlo, pero sí podemos invocarlo comouna herramienta útil», explicó Lazlo Andor, comisario de Empleo de la UE.

A pesar de todo, Àngels Valls, de ESADE, no cree que los sueldos españoles lleguen al SMI en un futuro cercano «porque los niveles salariales en nuestro país todavía tienen un cierto recorrido». Además, asegura que «rebajar directamente el SMI no generaría más oportunidades de trabajo». Para Juan José Dolado, profesor de la Universidad Carlos III, la solución pasa por establecer de nuevo el salario mínimo juvenil, retirado por el Gobierno de Aznar en 1998. «Al quitar esa base para jóvenes de 16 y 17 años y elevarla al SMI, muchos chavales encontraron ese sueldo lo suficientemente atractivo como para dejar las clases e incorporarse a la obra», explica. Habría que reintroducirlo, porque muchos de los desempleados son jóvenes que no tienen ni el graduado escolar». Aun así, en 1997, el salario mínimo juvenil solo era 45 euros más bajo que el SMI: el primero ascendía a 355,38 euros, el segundo era de 400,50. ¿Otra solución? Para Dolado no hay alternativa: «En un mercado con moneda única, la gente debe ir a trabajar a los países donde haya empleo».