Diez, nueve, ocho, siete… Empieza la cuenta atrás. El próximo curso, todos los estudiantes que accedan por primera vez a una universidad sólo podrán matricularse en grados. Las licenciaturas, diplomaturas e ingenierías, sumidas en un proceso de extinción que culminará en 2015, ya forman parte de la historia de la universidad española. Porque once años después de que un grupo de ministros de Educación pusiera la primera piedra en la ciudad italiana de Bolonia, el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) está listo, o casi, para ser implantado en 47 países, entre ellos España.
Detrás de todos los cambios que sus respectivas universidades han acometido en esta larga década estaba el Plan Bolonia, una especie de hoja de ruta cuyo fin es homogeneizar los sistemas de educación europeos para que estudiantes y profesores puedan transitar libremente por un continente que pierde competitividad frente a Estados Unidos. Un loable propósito que, en la práctica, entraña cambios tan profundos que muchos de los afectados se han echado a la calle para manifestarse en su contra. Cambian, por ejemplo, las relaciones entre profesores y alumnos, a los que se quiere dotar de más autonomía en el estudio y se les exige una dedicación total; también han de hacerlo las relaciones de la universidad con la empresa, cuyas demandas deben tenerse en cuenta en la configuración de unos planes de estudios que diseña cada centro, y todo indica que cambiará, dado que Bolonia necesita recursos económicos —para empezar, no debe haber más de 50 alumnos por aula—, el sistema de financiación de las universidades.
«El papel lo aguanta todo; pero, luego, hay que trabajar en clase». Las palabras de Miguel Larrañaga, vicerrector de Relaciones Institucionales de IE University, resumen la preocupación de un sector que puso sobre la mesa, en el octavo desayuno de trabajo organizado por Infoempleo y Randstad, las ilusiones y las inquietudes con que afrontan su futuro.
Junto a Miguel Larrañaga, se reunieron la semana pasada, en la sede de Infoempleo en Madrid, Marta Arroyo, vicerrectora de Estudiantes y Calidad de la Universidad Europea de Madrid; Ramón González Cambray, director del área Global Executive Education de la Universitat Oberta de Catalunya; Álvaro Jarillo, vicerrector de Estudiantes y Desarrollo Profesional de la UNED, y Miguel Ángel Fernández Prada, vicerrector de Estudios y Convergencia Europea de la Universidad Politécnica de Valencia. También participó en el encuentro el director de recursos humanos de Randstad, Carlos Carpizo.
La variedad de las universidades convocadas —públicas y privadas, presenciales y a distancia, veteranas y noveles— permitió comprobar cómo ha afectado el Plan Bolonia a cada centro. Mientras la IE University nació con él, la UNED, la universidad pública más grande de España, con 40.000 estudiantes en grado y 120.000 en enseñanzas regladas, intentará adaptarse a través de nuevas fórmulas de financiación. Miguel Larrañaga sintetizó así las bondades del IE en el nuevo contexto: «Nosotros no concebimos los suspensos. Cuando algún alumno lo hace, le invitamos a abandonar la universidad. Todos los grados se imparten en inglés y en español, y desde primer curso se hacen prácticas en empresas europeas». Uno de los cambios más llamativos que introduce el EEES es la desaparición de los éxamenes de septiembre, que se adelantarán a julio.
También a la UOC le ha resultado fácil adaptarse al nuevo entorno. «Nuestros estudiantes gestionan su propio tiempo y construyen su itinerario académico, y eso coincide con el ideario de Bolonia», subrayó Ramón González.
En la Universidad Politécnica de Valencia han aprovechado las licencias que permite Bolonia para reestructurar la oferta de carreras. «Para ello hemos manejado dos criterios: qué podemos nosotros enseñar y qué quieren aprender los estudiantes de nuestro entorno. Aprobamos un documento que fija un número mínimo de alumnos para sostener un título. De ahí que hayamos fusionado algunos y otros hayan sido suprimidos», explicó Miguel Ángel Fernández Prada, que manifestó su inquietud por un catálogo abierto de titulaciones cuya confección corre a cargo de las propias universidades, aunque deben recibir el visto bueno de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca). El próximo curso, se ofertarán 2.387 grados y 3.089 másteres en las 72 universidades españolas.
En la definición de los nuevos planes de estudios, la Universidad Europea de Madrid ha suprimido el derecho romano en la carrera de Derecho. «Nosotros no preparamos a los estudiantes para ser funcionarios, sino para trabajar en el mundo de la empresa», declaró Marta Arroyo. En la UEM, tras implantar los primeros grados en el curso 2008-09, han medido el rendimiento académico. Y como resultado: «Ha descendido el número de no presentados y el de suspensos».
La UNED, por su parte, afronta Bolonia como un gran reto, una oportunidad para estrechar las relaciones con las empresas que, a su vez, redunden en una mejora de la calidad de la enseñanza. «Si hay una apuesta por la calidad necesitamos recursos. No hay que tener miedo a la palabra patrocinio o colaboración», apuntó Álvaro Jarillo.