\u00bfQu\u00e9 es\u00a0extraordinaria y urgente necesidad?<\/h2>\n
Para acotar qu\u00e9 deba entenderse por \u00abextraordinaria y urgente necesidad\u00bb el Tribunal Constitucional (TC) se ha pronunciado en numerosas ocasiones si bien, y en general, ello est\u00e1 en relaci\u00f3n directa con la materia de la que trata el Real Decreto-Ley y con la argumentaci\u00f3n que el Gobierno ofrezca acerca de la necesidad urgente y extraordinaria. No obstante el TC determina que el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n, establece una habilitaci\u00f3n al Gobierno para dictar normas con fuerza de ley<\/strong>, pero en la medida en que supone sustituir en su funci\u00f3n al Parlamento, es una facultad excepcional al procedimiento legislativo ordinario<\/strong> que en consecuencia se encuentra sometida a estrictos requisito, por lo que la cl\u00e1usula de la extraordinaria y urgente necesidad no est\u00e1 vac\u00eda de contenido, si bien la funci\u00f3n del TC es llevar a cabo un control externo, verificando, pero sin sustituirlo, el juicio pol\u00edtico o de oportunidad que corresponde primordialmente al Gobierno y al Congreso de los Diputados en el ejercicio de la funci\u00f3n de control parlamentario.<\/p>\n Pues bien, mediante el Real Decreto Ley 6\/2019, de 1 de marzo (BOE del 7) y el Real Decreto-Ley 8\/2019, de 8 de marzo (BOE del 12) se han introducido numerosas modificaciones legislativas en materia laboral y de Seguridad Social.<\/strong> En concreto, en el primero se da nueva redacci\u00f3n o se a\u00f1aden:<\/p>\n Adem\u00e1s, se prev\u00e9, que \u00abEl Gobierno, en el plazo de seis meses, deber\u00e1 dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicaci\u00f3n y el desarrollo del presente real decreto-ley en las materias que sean de su competencia\u00bb.<\/p>\n\u00bfQu\u00e9 cambios se han producido en materia laboral y de Seguridad Social?<\/h2>\n
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