![\"\"](\"https:\/\/empresas.infoempleo.com\/hrtrends\/media\/2012\/12\/FcoCondeAnaCampos1.jpg\" "\\"Francisco")
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El pasado 22 de noviembre ha entrado en vigor la Ley 10\/2012, que introduce la obligaci\u00f3n de abonar determinadas tasas judiciales, tambi\u00e9n en la jurisdicci\u00f3n social. Al margen de la precipitaci\u00f3n en su entrada en vigor, que ha producido el efecto para muchos positivo de su falta de efectividad pr\u00e1ctica por no haberse aprobado los correspondientes modelos de autoliquidaci\u00f3n, estas pol\u00e9micas tasas plantean \u2013al menos, a priori\u2013 el delicado problema del equilibrio entre el acceso a la justicia, por un lado, y, de otro, los fines que persigue la norma, que en teor\u00eda son la racionalizaci\u00f3n\u00a0\u00a0del ejercicio de dicho derecho y la mejora de la financiaci\u00f3n del sistema judicial<\/strong>, cuya saturaci\u00f3n y falta de recursos se vienen padeciendo desde hace d\u00e9cadas.<\/p>\n Parece razonable, en principio, que esa mejora de la financiaci\u00f3n del sistema corra en alguna medida a cargo de quien solicite sus servicios; por eso se ha recurrido a la figura de la tasa directa, tributo cuyo hecho imponible ha de ser la prestaci\u00f3n de servicios. El Tribunal Constitucional se ha manifestado, con ocasi\u00f3n de otras tasas similares, a favor de su constitucionalidad; eso s\u00ed, lo ha hecho siempre que no constituyan una barrera desproporcionada que impida u obstaculice\u00a0\u00a0de manera irrazonable el acceso a la jurisdicci\u00f3n. Ahora tendr\u00e1 ocasi\u00f3n de volver a pronunciarse con los recursos presentados.<\/p>\n En la jurisdicci\u00f3n social ya hab\u00eda que ingresar antes a la Hacienda P\u00fablica 500 euros para recurrir en suplica ante el correspondiente Tribunal Superior de Justicia, o 750 euros para hacerlo en casaci\u00f3n ante el Tribunal Supremo. A esas sumas habr\u00e1 que a\u00f1adir desde ahora un importe variable<\/strong>, calculado en funci\u00f3n de la cuant\u00eda del pleito: aplicando un 0,5% sobre su importe hasta un mill\u00f3n de euros y un 0,25% sobre el exceso. Los trabajadores tienen derecho a una exenci\u00f3n del 60% de esta tasa, que incluso ser\u00eda total para los beneficiarios del derecho a la asistencia jur\u00eddica gratuita.<\/p>\n Esta modulaci\u00f3n de tan controvertidas tasas en atenci\u00f3n a la posici\u00f3n a menudo econ\u00f3micamente d\u00e9bil de los trabajadores busca el equilibrio que deber\u00eda perseguir cualquier medida de este tipo. Asimismo, est\u00e1n exentos los procedimientos especiales de protecci\u00f3n de derechos fundamentales.<\/p>\n