Jubilaciones, jubilaciones anticipadas y prejubilaciones. Cuando la sociedad del bienestar habla en lenguaje ERE y, dentro de sus medidas, alberga alguno (o ambos) de estos últimos dos supuestos, el futuro, tal y como hoy lo teníamos asimilado, desparece. Según las estadísticas demográficas de la ONU, en 2050, 2.000 millones de personas superarán los 60 años en todo el mundo y, en el caso de España abarcará al 44% de la población. ¿Cabe la posibilidad de seguir abusando del sistema cuando éste según avanza la población ocupada tiene menos recursos para hacer frente a un segmento de población que crece? No. Al menos eso es lo que han deducido la mayoría de los países europeos que están retrasando la edad de jubilación allende los 65, entre otras medidas, para dar continuidad –y respiro económico- a la masa productiva de cada región.

Sandalio Gómez, profesor de Dirección de Personas en IESE Business School añade una variable más: “La edad de 65 años para la jubilación se estableció cuando la esperanza de vida no excedía apenas de los 72 o 75 años. Hoy, el que se llegue casi a los 80, no sólo demuestra que se puede mantener cierta actividad hasta después, sino que evidencia que el coste de la pensión del Estado se extiende a más tiempo”. El autor de “Las prejubilaciones en la persona, en la empresa y el sistema de pensiones” echa números tanto de los que contribuyen con parte de su salario a la jubilación de otros como los que se preparan para el retiro a una edad, a la vista de muchos vecinos, prematura: “Hoy, se incentiva a aquellos que rebasan los 65 aumentando su cotización en un 2% o un 3% por año trabajado hasta los 70, lo que puede llevar a que a la edad de la jubilación su cotización, y base de pensión, sea del 115%”.

Este dato, desconocido por muchos es fruto del Pacto de Toledo, celebrado en 1995 y que, pese a que su revisión en 2003 no llegó a producirse –“por momento político”, comenta Gómez- sus principios son ahora principales puntos de debate a puerta cerrada entre sindicatos y Administración. Sí se avanzó, entonces, en que la cotización mínima para tener derecho a jubilación fuese de 15 años pero, la gran duda es si, vista la actual situación se seguirá, una vez más, el ejemplo del resto del Viejo Continente: calcular el monto final de la pensión en base proporcional a la duración de vida laboral.