La directiva europea (UE) 2019/1937 conocida como directiva whistleblower, literalmente en inglés “que hace sonar el silbato”, pretende garantizar la protección de quien denuncia irregularidades en el ámbito laboral. El objetivo de esta norma será impulsar iniciativas de denuncia como las de Edward Snowden con sus declaraciones sobre la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA). Se espera que la transposición de esta ley a nuestro país se realice a principios de este año.
Garantía de anonimato al denunciar
Una de las principales razones que han llevado a crear esta directiva europea conocida como directiva whistleblower es proteger las denuncias de los empleados garantizando su anonimato. Así, todas las empresas que cuentan con más de 50 trabajadores tendrán la obligación de crear un canal de denuncias. La ley quiere impulsar de esta manera las denuncias y eliminar las irregularidades en el ámbito laboral. Como principal novedad cabe destacar que quiere invertir la “carga de la prueba”.
Creen que el refuerzo de la confidencialidad de los denunciantes en el ámbito laboral impactará positivamente en el crecimiento ético de la compañía. Repercutirá en la disminución de conductas irregulares en el seno de la organización y, por tanto, mejorará su salud financiera y su sostenibilidad. En esta línea, se evitarán multas y la empresa ganará en reputación social.
La diferencia con otras leyes vigentes en España, que también persiguen eliminar la mala praxis laboral, como la ley de prevención de blanqueamiento de capitales o en el artículo 31 bis del Código Penal, es dónde se localiza la “carga de la prueba”. Con la directiva whistleblower se invierten los roles. Será la empresa la que deba defenderse de la acusación en lugar de ser el denunciante quien esté obligado a justificar y probar la comisión del delito.
Detalles de la directiva whistleblower
Un asunto que debe decidir cada país es si las denuncias son totalmente anónimas, pues la directiva europea no obliga a ello. En este sentido, lo que sí garantiza es la protección del denunciante, previendo la anulación de toda medida tomada por la empresa tras la denuncia. Promueve además apoyo psicológico y defensa jurídica del denunciante.
Otra de las pautas que impone esta directiva a las empresas privadas con más de 50 trabajadores es la de crear un canal de comunicación para trabajadores y antiguos empleados de la plantilla, que garantice la confidencialidad y el anonimato, evitando posibles represalias contra quien denuncia. La ley no solo afecta a los trabajadores sino a todos los stakeholders: accionistas, inversores, personal subcontratado o proveedores.
Aunque la fecha prevista por el gobierno español era el 17 de diciembre, aún no se ha terminado de elaborar la concreción. Así que puedes calcular que antes de que termine el invierno el departamento de recursos humanos tendrá que trabajar en la implantación de la directiva.
Por último, también está previsto asignar a autoridades competentes y externas la responsabilidad del seguimiento de la denuncia. Pero puedes ir familiarizándote con un software que lo gestione. La investigación de la denuncia deberá completarse en un plazo máximo, es decir, no mayor de 3 meses incluyendo la respuesta al denunciante.
