La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha sancionado con un total de 1,3 millones de euros a la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) y a otras ocho asociaciones del sector por realizar recomendaciones colectivas para elevar los precios, informó hoy el organismo que preside Luis Berenguer.
Las mayores multas han sido impuestas a la FIAB, con 500.000 euros; a la Federación Española de Asociaciones del Dulce, FEAD (300.000 euros), y a la Confederación Española de Organizaciones de Panadería, Ceopan (270.000 euros).
También han sido sancionadas las patronales de fabricantes de pastas alimenticias (AEFPA), con 52.000 euros; fabricantes de helados (AEFH), de panificación y pastelería de marca (PPM) y de chocolate y derivados del cacao (Chocao), con 45.000 euros cada una; la asociación de fabricantes de salsas y condimentos preparados, con 37.000 euros; y de harinas y sémolas (AFHSE), con 15.000 euros.
La CNC considera a estas asociaciones responsables de una estrategia de recomendación colectiva ilícita, al constituir una conducta «objetivamente restrictiva de la competencia, con aptitud para distorsionar las condiciones competitivas del mercado».
Este expediente tuvo su origen en diversos comunicados de prensa emitidos durante el verano de 2007 «supuestamente» con el fin de alertar a la opinión pública sobre el incremento del coste de determinadas materias primas.
«En todas las notas se cuantificaban estos incrementos, se subrayaba su carácter estructural y se expresaba de forma más o menos explícita la idea de que ello iba a tener un impacto sobre el precio final de los alimentos», explica el organismo.
Varias de las asociaciones estaban gestionadas por una misma entidad, Bonmacor Gestión de Asociaciones, por lo que la dirección de investigación de Competencia realizó una inspección en la sede de esta entidad, así como en la de Ceopan.
La información obtenida en estas inspecciones llevó a incoar un expediente sancionador contra nueve asociaciones del sector, incluida la FIAB y Ceopan. «La instrucción realizada ha revelado que estas asociaciones llevaron a cabo una estrategia de comunicación e intercambio de información entre ellas para la elaboración y difusión de notas de prensa», señala la CNC.
«Señal» para las empresas
Según argumenta, el contenido, el lenguaje y la difusión de las notas de prensa contribuían a transmitir el mensaje de que era inevitable la translación de los incrementos de costes a precios finales, lo que «constituía una señal para que las empresas actuaran en un mismo sentido y para predisponer a los consumidores a aceptar los incrementos de precios».
En este sentido, agrega que la comunicación entre asociaciones contribuyó a que unas tuvieran en cuenta las notas de otras, a que se coordinaran los mensajes y a potenciar su difusión, «fortaleciendo la aptitud de la conducta para distorsionar la competencia».
Además, el organismo que preside Luis Berenguer advierte de que tanto las asociaciones como los directivos «tienen que ser conscientes en materia de comunicación pública de que sus mensajes pueden transgredir el ámbito de lo lícito si son aptos para unificar el comportamiento de sus asociados y el de otros terceros».
La FIAB estudia recurrir
Ante esta resolución, la FIAB ha anunciado que someterá a estudio de su comité ejecutivo presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, al entender que la decisión podría vulnerar, entre otros, el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de comunicación.
En un comunicado, la patronal de la industria alimentaria afirmó que someterá a estudio las distintas posibilidades legales que puedan ser oportunas en la defensa de sus intereses, puesto que considera que la decisión «es contraria a derecho y lesiva a los intereses asociativos».
Según destacó, a lo largo de sus 32 años de trayectoria, ha «mantenido, mantiene y mantendrá un estricto respecto al marco legal exigible» y en concreto a la ordenación en defensa de la competencia.
En este sentido, incidió en que la resolución se basa en un comunicado que «no puede encajar en el concepto de una recomendación colectiva», sino que responde a la función de cualquier organización de defender los intereses de sus miembros, «anticipándose a los problemas que se les puedan presentar». A su juicio, sanciones de este tipo ponen en peligro la continuidad de organizaciones profesionales que trabajan para dinamizar el mundo empresarial.
Fuente: Europa Press
