El cierre patronal es un supuesto poco común en España, pero que se puede dar, entre otras cosas, en caso de conflicto colectivo prolongado con los trabajadores. En este artículo te explicamos en qué consiste y cuáles son las consecuencias legales que acarrea.
Qué es un cierre patronal
Un cierre patronal, también denominado lockout, es una situación en la que el empresario, de forma unilateral, decide suspender la actividad de la empresa y, con ello, impedir que los trabajadores realicen sus funciones con normalidad. Es importante destacar que, si bien se detiene la actividad, no hay una extinción de la compañía, de manera que formalmente no deja de existir.
Este tipo de medida está concebida para que los patronos puedan presionar a los empleados, los sindicatos o el Gobierno con un cierre definitivo si se toman decisiones que consideran lesivas para sus intereses y que no han podido ser solventada a través de una negociación colectiva.
Casos en los que el cierre es lícito
Los cierres patronales no son, per se, ilegales, aunque será la motivación que se esconde detrás de ellos la que determinará esto. El Tribunal Constitucional recoge varios casos en los que estaría justificado siempre y cuando exista una notificación a las autoridades laborales con una antelación máxima de doce horas. Los supuestos son los que siguen:
- Ocupación ilegal de la fábrica o peligro manifiesto y demostrable de que esta circunstancia se puede llegar a producir. En este caso, se procedería a clausurar todas las instalaciones para garantizar su integridad y el derecho a la propiedad.
- Irregularidades reiteradas o absentismo de los trabajadores que impidan el normal desempeño de la actividad en el día a día. Ahora bien, hay que demostrar que este tipo de situación compromete gravemente el cumplimiento de las tareas.
- Peligro de daños para las personas o las cosas, siempre que este sea real. Un caso paradigmático es el de las fábricas u oficinas que cierran por labores de reparación o mantenimiento tras un terremoto, inundación o incendio.
Casos en los que el cierre es ilegal
El principal problema de esta medida es el fraude de ley ya que, en principio, todos los cierres patronales se van a acoger a alguno de los supuestos que recoge el Tribunal Constitucional. Lo más habitual es que el empresario alegue que las irregularidades o el absentismo laboral están dificultando el cumplimiento de los objetivos de productividad. Por lo tanto, has de saber que es habitual que se produzcan discrepancias legales.
Consecuencias de los cierres patronales
La principal consecuencia de los cierres patronales es que el contrato se considera suspendido. Esto implica que el trabajador no va a cobrar durante el tiempo que dure el cierre y que tampoco tendrá derecho a prestaciones por enfermedad o desempleo. En cualquier caso, la Administración tiende a revisar con lupa este tipo de medidas para evitar el fraude de ley.
El cierre patronal es una medida de emergencia que en muchas ocasiones está justificada mientras que en otras se utiliza para ejercer algún tipo de presión. Por supuesto, no es aconsejable llegar a esta situación. Recuerda que, una correcta gestión de los recursos humanos puede evitar esta y otras circunstancias indeseables, sobre todo si te enfocas en lograr mantener a tus empleados felices.
