Alfonso Irusta, donostiarra de 46 años, casado y padre de dos hijos, está en paro. «Trabajaba como ‘contract manager’ en una multinacional americana. Pero hubo un ERE y me tocó». Con 20 años de experiencia a sus espaldas, una licenciatura en Económicas y un MBA, Irusta empezó a buscar un nuevo trabajo, pero sin prisa; porque decidió prepararse unas oposiciones, concretamente las de interventor y auditor del Estado. Desde el 4 de febrero del año pasado —ya una efeméride en su vida—, dedica ocho horas diarias casi los siete días de la semana a estudiar. «La idea de la oposición ya me rondaba la cabeza; pero de no haberme despedido, nunca me la hubiera planteado en serio. Yo ganaba mucho más de lo que ganaré si apruebo».

Alfonso forma parte de ese 20% adicional de matrículas que han recibido los centros preparadores de oposiciones desde que empezó la crisis. Ante el erial en que se ha convertido el mercado laboral español, la tentación de un trabajo fijo que permite conciliar la vida laboral con la personal y que, de entrada, ofrece un sueldo superior a la empresa privada, anida en un número creciente de universitarios y profesionales.

Pero en paralelo a este aumento de matrículas discurre la caída en la oferta de plazas. Si hasta 2008 la oferta de empleo público creció como la espuma, en 2009 se produjo el parón. En su estudio ‘El coste de la Administración Pública’, la escuela de negocios EAE señala que el número de funcionarios subió un 32% entre 2000 y 2008, año en que se publicó la mayor oferta de empleo público de la historia de España: nada menos que 35.895 puestos para la Administración General del Estado. En 2009, sin embargo, se rompió la tendencia y se publicaron un 42,7% menos plazas que en el año anterior, y para 2010 se espera una nueva caída. Como anticipo, los Presupuestos Generales del Estado fijan en un 15% el cupo de reposición, es decir, el porcentaje de nuevos empleados que se incorporarán a la Administración General del Estado para cubrir la bajas  por jubilación, excedencias… En 2009, el cupo se elevó hasta el 30%.

Miguel Zapico, madrileño de 31 años, no se deja apabullar por las cifras, por la descompensada proporción entre el número de aspirantes y el de plazas que arrojan algunas oposiciones. Por ejemplo, las de auxiliar administrativo para el Ayuntamiento de Madrid que se celebraron el mes pasado. Nada menos que 35.000 personas se presentaron para cubrir las 589 plazas, es decir, 60 por cada puesto convocado. Como Miguel, licenciado en Filología Hispánica, el 70% tiene una titulación por encima de la exigida. «Quiero ser cauto y no lanzar las campanas al vuelo», declara el madrileño, que compite por el 7% de las plazas reservadas para discapacitados, a propósito de los resultados de las primeras pruebas. ¿Y qué pasaría si suspende? «Me presentaré a otras similares y lo seguiré intentando hasta que apruebe», asegura Miguel, que se prepara en el centro Adams y no cuenta con experiencia laboral.

Abandonar a tiempo

La mayoría de los opositores, sin embargo, no dispone del tiempo, los recursos y la voluntad de Miguel para intentarlo indefinidamente. Además, dado que no conviene demorar en exceso la entrada o la vuelta al mercado laboral, es aconsejable saber abandonar a tiempo. «Una oposición del grupo A1 se debe intentar, como mucho, cinco años, y con las del grupo A2 no se deben superar los tres. Así, podrán aprovechar la formación que han recibido en la empresa privada. De las oposiciones hay que salir pronto, si no, uno se queda tocado. Lo más difícil es convencerte de que lo has dejado, hacerte a la idea de que es una guerra que debes dar por perdida», dice Ángela de las Heras, jefa de Estudios del Centro de Estudios Financieros (CEF), especializado en la formación de aspirantes a los cuerpos más altos de la Administración del Estado.

Para niveles inferiores —subalternos o administrativos—, Adams calcula un tiempo medio de preparación de nueve meses.

A Álvaro Valverde, hoy analista financiero, le costó renunciar a su sueño de convertirse en inspector de Hacienda. Por eso, tras haberlo intentado una primera vez durante cuatro años, abandonar y emplearse un año en la empresa privada, se concedió una segunda oportunidad. «Me quedé frustrado con el suspenso. Así que lo planteé en casa y mis padres me dijeron que podía contar con ellos. Este segundo intento duró dos años y llegué dos veces al último ejercicio, el oral. Entonces me planté. Pensé que ya tenía una edad, 29 años, y que era hora de hacer otras cosas. ¿Que cómo viví otra vez el suspenso? Con cierta frustración, yo creo que un poco de frustración siempre me va a quedar».

Álvaro Valverde es un ‘mirlo blanco’. Así es como se conoce en el argot a los aspirantes que se quedan a las puertas de la Administración Pública porque suspenden la última prueba de una oposición del grupo A. «El que no ha aprobado no ha sido por falta de conocimientos, sino porque las plazas eran las que eran, por mala suerte… Son brillantes en bruto», zanja la jefa de estudios del CEF, donde se preparó Valverde. Éste, aunque se puso a buscar trabajo en un momento tan poco propicio como septiembre de 2008, enseguida se encontró con dos ofertas sobre la mesa. «El mercado te quiere, valora tus conocimientos y tu capacidad de trabajo. Pero no te ofrece lo que daría a otro candidato con experiencia», cuenta Valverde, de 31 años.

Porque cuando un aspirante a un empleo público claudica en su empeño de hacer carrera en la Administración y se incorpora en la empresa privada, tiene que empezar casi desde cero, asumiendo las mismas funciones que los recién licenciados. Para más inri, la edad es un factor que puede jugar en su contra. Los grandes despachos, por ejemplo, se interesan por los ex opositores, pero rara vez los contratan si tienen más de 30 años. A esa edad, un abogado júnior que entró en el bufete con 22 ya puede ser mirado como un socio potencial.

Desembarcar con éxito en el mercado laboral depende muchas veces del tipo de oposición. Por ejemplo, las relacionadas con hacienda, seguridad social, trabajo, judicatura y abogacía del Estado están muy valoradas. Alfonso Irusta, alumno del CEF, tuvo muy en cuenta este criterio antes de decantarse por las de interventores y auditores del Estado. «Si no apruebo, me llevo una preparación que me puede servir, porque estoy profundizando en mi área de experiencia», dice. Todavía no tiene fecha de examen, pero calcula que se celebrará en septiembre. «Si suspendo, me daría otro año más. La indemnización y el paro me dan un margen de tres años. Ésta es una inversión a medio plazo».