Vivian Acosta tiene un hijo de nueve años y, desde que estrenó maternidad, también una jornada laboral reducida. Socia de la consultora de recursos humanos Norman Broadbent, su contrato no le ha impedido promocionarse y crecer en su empresa. «He hecho una carrera ascendente. Tengo un contrato a tiempo parcial, pero no responsabilidades a tiempo parcial», afirma Acosta, que dirige un equipo de diez profesionales. Ella forma parte de esas 2.450.000 personas, casi el 13% de la población activa, que trabajan menos de 35 horas semanales, pero su caso no deja de ser excepcional en España.
Si bien entre los asalariados a tiempo parcial son mayoría las mujeres —73% frente a un 27% de hombres—, este contrato suele asociarse a empleos de baja calidad o bien a las madres trabajadoras con bebés a su cargo. Por eso, cuando el Gobierno —primero el presidente Zapatero en una entrevista concedida a The New York Times y la semana pasada el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho— adelantó su propósito de impulsar la contratación a tiempo parcial, el secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, puso el grito en el cielo. «Tal y como están configurados actualmente, estos contratos no sirven para crear un empleo estable y de calidad. Son un foco de precariedad, porque carecen de las protecciones sociales adecuadas. La legislación laboral española no es equiparable a la holandesa o a la austriaca. Aquí recurren a ellos los que no tienen otra opción. Además, al calor de este tipo de contratos se generan fraudes: se cotiza por una jornada reducida y el resto se paga en negro», advierte Ramón Gorri, secretario de política industrial de la Federación del Metal de CC.OO. «Con los niveles salariales que hay, los trabajadores no buscan voluntariamente este tipo de jornada, que ofrece menos protección contra el desempleo y coloca en peor posición para el cobro de pensiones», añade Toni Ferrer, secretario de Acción Sindical de UGT.
Por debajo de Europa
En el conjunto de la Unión Europea, España ostenta una tasa de contratación a tiempo parcial inferior a la de sus vecinos comunitarios, sobre todo a los de economías más desarrolladas. Alcanzar el nivel de Holanda —donde el 48% de los trabajadores tiene un contrato a tiempo parcial— es casi impensable, pero también estamos lejos de Alemania (25,9%), el Reino Unido (25,8%) o Suecia (27,3%), por poner sólo unos ejemplos. Desde el último trimestre de 2008, y en eso no somos una excepción, los datos de la oficina estadística de la UE, Eurostat, ponen de manifiesto que los contratos a tiempo parcial han mostrado una mayor fortaleza que los de tiempo completo. El último avance del mercado laboral de Afi-Agett estima que desde el comienzo de la crisis —que el informe fija en septiembre de 2007— el peso de este tipo de contratos ha crecido 5,5 puntos en España.
Desde hace años, Sandalio Gómez, profesor de la escuela de negocios IESE, reivindica un mayor protagonismo de la jornada reducida en nuestro tejido productivo. En su último estudio, ‘El mercado de trabajo español ante una nueva reforma laboral’, vuelve a enarbolar esta propuesta, que considera básica tanto para la conciliación de la vida laboral y familiar como para la flexibilización del mercado de trabajo, que los empresarios españoles logran a través de la temporalidad. Gómez explica que mientras España duplica la tasa de temporalidad de Alemania, su número de contratos a tiempo parcial se queda a la mitad de los firmados en el país teutón. «El Gobierno debería impulsar este tipo de contratos actuando en dos frentes —sostiene—. Por un lado, aumentando la retribución y los beneficios sociales de los empleados y, por otro, reduciendo las cuotas de las empresas a la Seguridad Social. También se debería trabajar por el cambio cultural, para que los empresarios no crean que están contratando en precario. Las personas que trabajan en una empresa que les permite conciliar trabajo y familia establecen una vinculación más fuerte con ella. De una vez por todas, habría que meterse en la cabeza que este contrato ayuda a motivar y a retener el talento». «Conciliar no significa trabajar menos, sino trabajar de una forma distinta», apostilla Acosta.
En Alemania, la crisis económica ha hecho subir como la espuma el número de trabajadores con jornada reducida, aunque no hubieran sido contratados con esas condiciones. La razón se llama ‘kurzarbeit’, una receta a disposición de las empresas que hayan perdido más del 10% de sus ingresos mensuales. Esta fórmula se basa en la reducción de los horarios —y, por consiguiente, de los sueldos— de los empleados. Aunque la empresa paga la parte proporcional al tiempo de trabajo, el Estado aporta una cantidad adicional al salario y contribuye al pago de sus contribuciones e impuestos sociales. A fin de mes, el empleado cobra menos, pero eso siempre es mejor que ir a la cola del paro.
Ésta es una de las medidas que más han protegido a Alemania contra el aumento del desempleo. Su economía se ha despeñado: sólo en el primer trimestre de 2009 su Producto Interior Bruto (PIB) cayó un 6,9% respecto al mismo período del año anterior. La caída duplicó la española, pero en ese mismo trimestre el empleo alemán subió una décima mientras que el español bajó un 6,4%. Según los últimos datos de Eurostat, correspondientes al mes de agosto, la tasa de desempleo en Alemania es del 7,7%, mientras que en España este porcentaje se eleva al 18,9%.
¿Por qué los empresarios españoles no siguen el ejemplo alemán y reducen la jornada de trabajo en vez de despedir a sus empleados? ¿Acaso no tienen margen? Los sindicatos mayoritarios, UGT y CC.OO., creen que sí. «Lo que falta es el convencimiento de que se necesita flexibilidad interna», apunta Ramón Gorri, de Comisiones Obreras. «Tenemos margen más que suficiente para reducir la jornada de trabajo y evitar el paro. Y podemos conseguirlo a través de expedientes de regulación de empleo o de convenios colectivos», añade Sandalio Gómez. Un último dato: la reducción de jornada sólo ha afectado al 3,6% de los 325.456 trabajadores que sufrieron un ERE en el primer semestre de este año.
