Son muchos. Muchísimos. Un total de 790.800 empleados públicos trabajando de forma temporal. Un 24,6% del conjunto de trabajadores públicos, según los datos de la Encuesta de Población Activa EPA, del tercer trimestre de 2011. La cifra choca con la recomendación acordada entre Gobierno y sindicatos en 2002, que establecía un 8% como límite de trabajadores temporales en la administración.

Hoy, a los que más se oye es a los interinos de Educación, pero hay más. Muchos más. En la Administración General del Estado, en la Autonómica y en la Local; en la Sanitaria, en la Administración de Justicia, en las Instituciones Penitenciarias, en las Fuerzas Armadas y en la Guardia Civil. En total son casi 800.000 personas cuyos ingresos y cuyas vidas son temporales. Las suyas son historias que se escriben con coraje: miles horas de estudio, preparadores, libros, exámenes y más exámenes. ¿El resultado? Un aprobado con nota, pero a décimas de la ansiada plaza. Como recompensa por estar entre «los buenos», derecho a formar parte de esa gran bolsa de interinos que se ha transformado en un problema social de proporciones desmesuradas. «Yo he aprobado dos oposiciones: una con un 6,8 y otra con un 7,2», explica Rosa, una profesora de inglés que prefiere permanecer en el anonimato. «No tengo plaza y, sinceramente, viendo las que han salido este año, tampoco tengo esperanza». «Me indigna leer que estamos en pie de guerra simplemente porque salimos a la calle a explicarle a la gente nuestra situación: una auténtica injusticia que a nadie debería dejar indiferente».

En ocasiones, en el otro lado de la balanza encontramos a un funcionario que sí consiguió esas décimas y que no puede acceder a su plaza, ocupada por un interino; o los miles de personas que cada año se preparan una oposición que debería ser convocada pero que nunca lo será… Todos, todos, salen perdiendo. Todos salimos perdiendo.

Pero, ¿cómo hemos llegado a esto? Para Miguel Ángel Sánchez Morón, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Alcalá y Presidente de la Comisión para el estudio y preparación del Estatuto Básico del Empleado Público, «las causas son varias. La principal es la tendencia de algunas Administraciones, especialmente las autonómicas y locales, a reclutar personal sin pasar por los procedimientos de selección que establece la legislación vigente: las oposiciones y concurso-oposiciones, ya que son lentos y complejos, aunque garantizan la igualdad de los candidatos».

Las normas de acceso a la función pública se están incumpliendo día a día según denuncia Julio Guiral, presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, «y particularmente el Estatuto Básico de Empleo Público de 2007, que pese a ordenar la inclusión en la Oferta Pública de Empleo de todas las plazas vacantes ocupadas por personal interino, ha sido también sistemáticamente incumplido». «Los intereses de algunos colectivos, incluida una parte de los interinos» han avivado el fuego, según denuncia Guiral, «bloqueando el acceso de personal de nuevo ingreso».

Miguel Ángel Sánchez Morón va más allá: «Algunos de esos empleados públicos aspiran a mantener su empleo e incluso a convertirse en fijos sin pasar por una verdadera oposición, a través de procesos de ‘consolidación de empleo’, que incluyen valoración de los ‘méritos’ correspondientes al tiempo de interinidad y, en su caso, pruebas muy sencillas; y en ese propósito son amparados por los sindicatos, que tienen en ese tipo de personal una clientela importante. Sucede así que muchos gobiernos, sobre todo  autonómicos y locales, no se atreven a poner fin a las situaciones de interinidad e incluso dejar prorrogar ilegalmente los contratos temporales de trabajo». Como resultado de estas prácticas, según denuncia el catedrático de la Universidad de Alcalá, «hay interinos que se eternizan en el puesto y trabajadores temporales, pero ‘indefinidos’, no ‘fijos’, que es una categoría que el Tribunal Supremo tuvo que inventar».

Llegados a este punto, ¿quién y cómo puede arreglar este desaguisado? Los expertos lo tienen claro: no hay soluciones rápidas, pero sí hay caminos. «Depende de que exista voluntad y coraje político», explica Sánchez Morón. «Lo lógico sería convertir muchas de las situaciones de interinidad en empleo público estable, a través de los correspondientes procesos de selección, pero basados en el mérito y capacidad de los aspirantes». Flexibilizar y agilizar unos procedimientos de selección «muy anticuados, lentos y burocráticos» es imprescindible para este catedrático de Derecho. Julio Guiral añade que «la solución pasaría por la legalidad y la transparencia, incluida la presupuestaria. Ambas son imprescindibles para recobrar la confianza en las institucione spúblicas en momentos de crisis».