Carmen (nombre ficticio), trabaja en la empresa constructora Contratas y Obras. Tras una operación quirúrgica que no salió bien, y pese a padecer por ello pérdida de movilidad y fuertes dolores –tiene un 33% de discapacidad– encontró trabajo como administrativa de obra (gestiona toda la documentación que se genera en una obra). La empresa tan sólo ha tenido que adaptar, mínimamente, la caseta de obra en la que trabaja a sus necesidades y situación.

Acciones como ésta han permitido a esta compañía ser galardonada por el Ministerio de Sanidad e Igualdad con uno de los 36 distintivos de Igualdad. Si Contratas y Obras hubiera cotizado en el IBEX 35, seguramente también habría alcanzado una alta puntuación en el «Certificado Discert». Se trata de un estudio que, avalado por la certificadora independiente TÜV Rheinland –una de las más prestigiosas del mundo–, ha sido realizado entre las compañías que cotizan en este índice bursátil para puntuar, y comparar, el compromiso de las empresas con la discapacidad.

Según Francesc Saldaña, responsable de Discert en España, «nuestro objetivo es ofrecer a las empresas una herramienta que les permita gestionar toda la información y acciones que generan en relación a todo lo relativo a la discapacidad. Será el primer sello europeo que certifica el compromiso de las organizaciones con las personas con discapacidad». El responsable subraya que la adhesión de las empresas al Certificado Discert ha sido totalmente voluntaria: «Han dado un paso al frente para reunir información sobre una serie de temas –contratación de personal con discapacidad, donaciones, compra de material a centros especiales de empleo o accesibilidad de instalaciones– para difundir un compromiso dentro de una cadena en la que hay proveedores, clientes, competencia… La idea es que la difusión tenga un efecto multiplicador de cara a la sociedad».

En palabras de Saldaña, «el objetivo final de Discert es que, por ejemplo, una persona pueda ir al supermercado y hacer su comprar basándose en un criterio adicional: comparando dos productos y comprando, si quiere, el que esté elaborado por una compañía comprometida con la discapacidad. Buscamos que el usuario, sea empresa o particular, pueda tomar una decisión responsable en este punto».

Desde hace más de treinta años, en España está vigente la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI) que, entre otras cosas, obliga a las empresas de más de cincuenta trabajadores a tener un mínimo de un 2% de trabajadores discapacitados en su plantilla . «Si no lo cumplen, no pueden acceder a concursos públicos; si por cualquier circunstancia justificada, no pueden hacerlo, deben compensar adquiriendo material y/o servicios a centros especiales de empleo o hacer donaciones», explica Saldaña.

El estudio ha revelado que algunas compañías, a pesar de estar poniendo en práctica una política de accesibilidad de peso, nunca se habían puesto a sumar lo que verdaderamente representaba en su global de política de empresa. Por ejemplo, Iberia ha descubierto que invierte, anualmente cinco millones de euros en programas relacionados con la discapacidad. «El certificado les permite visualizarlo de una forma clara», asevera su responsable.